La casta encadenada

La reforma laboral argentina llegó envuelta en ese perfume inconfundible a herejía moderna: la palabra “flexibilización”. Una palabra que, según quién la pronuncie, puede sonar a dinamismo económico o a látigo medieval. En teoría —y solo en teoría— flexibilizar implica simplificar contrataciones, reducir litigios eternos, acotar costos de despido imprevisibles y, sobre todo, bajar el riesgo de contratar. Es decir: que tomar un empleado no sea una ruleta rusa jurídica donde el empresario apuesta su capital y la Pyme su continuidad.

La lógica es sencilla. Si despedir es menos incierto y menos ruinoso, contratar también es menos dramático. Si los juicios laborales no tardan lo mismo que una carrera universitaria, quizás el sistema funcione con algo más de racionalidad. Y si las reglas son más parejas, tal vez —solo tal vez— el mercado deje de ser la industria del juicio laboral que es hoy.

Pero en el corazón de este debate aparece una escena casi teatral: Nancy Pazos encadenada frente al Congreso, en defensa del Estatuto del Periodista. Una postal épica, digna de una remake sindical de Los Miserables, aunque con mejor cobertura mediática, claro está. Porque, casualmente, el estatuto que se pretende derogar no es el del obrero metalúrgico ni el del empleado de comercio. Es el del periodista.

Y aquí es donde el relato se pone interesante.

El Estatuto del Periodista Profesional establece condiciones especiales que, en la práctica, otorgan ventajas por encima del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo (artículo 245). Traducido: no todos los trabajadores son iguales ante la ley. Algunos son más iguales que otros. Y no hablamos solo de procedimientos administrativos más ágiles —que ya de por sí implican un privilegio— sino también de indemnizaciones superiores, con adicionales y rubros específicos que elevan el monto final.

Veamos un ejemplo sencillo.

Un obrero que trabajó 6 años cobrando 1.000.000 de pesos mensuales, bajo el artículo 245, tendría derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado.

6 años = 6 sueldos.
6 x $1.000.000 = $6.000.000.

Los números son correctos: seis salarios mensuales por seis años trabajados.

Ahora tomemos un periodista en idénticas condiciones: 6 años de antigüedad y 1.000.000 de pesos mensuales. Bajo el Estatuto del Periodista, al cálculo básico se le suman particularidades propias del régimen —como indemnizaciones agravadas y conceptos adicionales específicos del estatuto— que elevan el resultado final.

En términos prácticos, el monto termina rondando los $7.680.000.

Mismas condiciones. Mismo salario. Mismo tiempo trabajado. Resultado distinto: el periodista percibe aproximadamente un 28% más que el obrero. La diferencia, en este ejemplo, asciende a $1.680.000. Y además, el trámite suele ser más expeditivo. Es decir, no solo cobra más, sino que cobra antes.

Aquí es donde la narrativa heroica empieza a mostrar algunas costuras. Porque cuando Nancy Pazos se encadena, no está defendiendo la jornada de ocho horas ni la erradicación del trabajo infantil. Está defendiendo un régimen diferencial que coloca a su profesión en una posición ventajosa respecto del resto de los trabajadores.

En otras palabras: no está peleando contra la precarización universal. Está peleando contra la pérdida de un privilegio sectorial.

El problema no es que los periodistas tengan derechos. El problema es que esos derechos sean sustancialmente superiores a los de un obrero bajo idénticas condiciones. Si la reforma busca homogeneizar reglas, el reclamo no es por justicia social sino por excepcionalidad corporativa.

Y aquí aparece una palabra que incomoda: casta.

Porque la casta no es solo el político que vive del Estado ni el empresario prebendario. También es quien, desde un micrófono, exige igualdad mientras defiende para sí un régimen especial. Casta es quien reclama sacrificios generales, pero no tolera perder un beneficio propio. Casta es quien convierte un privilegio sectorial en una causa épica.

La cadena frente al Congreso, entonces, deja de ser un símbolo de resistencia popular y se transforma en la metáfora perfecta de alguien aferrándose —literalmente— a un sistema que le garantiza ventajas sobre el ciudadano común.

Al final, la discusión no es sentimental sino estructural: ¿debe existir un régimen laboral privilegiado para una profesión específica cuando el resto de los trabajadores se rige por normas menos beneficiosas?

Si la igualdad ante la ley es un principio, lo es para todos. Incluso para quienes tienen micrófono.

Y por eso la frase de Javier Milei resuena, provocadora e incómoda: “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.