Iglesia y oposición cruzaron a Jorge Macri por el operativo en villas

El operativo que buscó el impacto mediático tiene hoy a la gestión de Jorge Macri en la mira de distintos sectores. A plena luz del día --se aprobó a las 18 y comenzó a las 19 horas-- las fuerzas de Seguridad entraron a los barrios populares de a cientos de efectivos, se generó un caos y el resultado fueron 27 detenidos por cargos menores, muchos sin antecedentes y con la iglesia y oposición condenando el accionar, más allá de los más de cien millones de pesos que demanda un tipo de operativo de ese calibre. “Tormenta negra” fue un bumeran para Jorge Macri y la oposición no descarta iniciar acciones legales contra funcionarios. 

El operativo fue desplegado con un despliegue audiovisual sin precedentes en 15 barrios populares de la Ciudad, pretendió erigirse como la confirmación del perfil de "sheriff" de Jorge Macri con su “tolerancia cero” a la porteña.  Sin embargo, cuando la polvareda de la infantería se asienta y las luces de los sets de televisión se apagan, el análisis frío de los números y las repercusiones institucionales devuelven una realidad incómoda: una monumental puesta en escena logística que terminó resultando contraproducente para las propias aspiraciones políticas del jefe de Gobierno.

El despliegue fue, desde que empezó, hiperbólico. Un ejército de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad saturó pasillos y accesos perimetrales en nodos críticos como la Villa 31, Zavaleta, la 1-11-14 y el Barrio Fraga. El saldo neto que  Seguridad intentó capitalizar es menor: 27 detenidos. Los cargos: soldaditos de pasillo, adictos en posesión de dosis mínimas y pequeños infractores atrapados en razzias por portación de rostro. En móviles de televisión mostraron un hombre de 30 años detenido por no tener documentos delante de sus hijos y su esposa. 

El perfil de los 27 detenidos —adultos jóvenes de entre 20 y 34 años, la mayoría con antecedentes menores y entradas recurrentes por la Ley 23.737— expone el fenómeno de la "puerta giratoria" que el propio oficialismo declama combatir. Tres capturas por delitos preexistentes contra la propiedad y la clausura de 25 comercios informales bajo la sospecha de piratería celular completan un cuadro se vincula con el combate al crimen organizado.

La falta de estrategia y de planificación quedó expuesta: entrar de día con cámaras y las familias en la vereda expuso al jefe de Gobierno. Mientras el operativo corría, el barrio estaba en calma y un torneo de fútbol femenino se llevaba a cabo. El error de cálculo de Jorge Macri no fue operativo, sino estrictamente político e institucional. Mientras intenta endurecer posturas para ser el candidato de la unidad en CABA entre La Libertad Avanza y el PRO, estos hechos no colaboran con su ingreso a las ponderaciones de Karina Milei y Pilar Ramirez, quienes aprueban o rechazan el armado.

La reacción más devastadora provino de la Pastoral de Villas. Los curas villeros, actores territoriales indispensables para la contención social en momentos de recesión profunda, salieron con los tapones de punta a denunciar el "show publicitario" y la estigmatización de la pobreza. Introducir infantería disparando cartuchos de estruendo en pasillos donde juegan niños a plena luz del día fue catalogado por la Iglesia como una provocación irresponsable. Jorge Macri logró lo que parecía imposible en la coyuntura actual: unificar a la Iglesia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a los bloques opositores de la Legislatura en una misma línea de impugnación.

Sobre las detenciones, el CELS fue contundente: “Las propias cifras oficiales muestran, además, inconsistencias graves que refuerzan la preocupación por la falta de controles. Según el Gobierno de la Ciudad, 27 personas fueron detenidas por distintos delitos. Sin embargo, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad sólo registró 14 detenciones. Sobre las otras 13 personas incluidas en el número oficial no hay información pública sobre imputación judicial”. 

El arzobispo Jorge Garcia Cuerva dijo: “para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, ‘Tormenta Negra’ se llama al narcotráfico, a la falta de trabajo, a cuando el Estado se retira, cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es ‘Tormenta Negra’, y hace años, décadas, que lo sufren nuestros barrios”, dijo Cuerva durante la misa en la Villa 31 en la que pidió “un nuevo amanecer”. Fue tal vez la crítica más dura que recibió el PRO desde la iglesia.

La oposición ya capitaliza el hecho en las comisiones de seguridad, catalogando al operativo como "humo de campaña financiado con fondos públicos". La sobreactuación del discurso contra los extranjeros —exigiendo la expulsión de dos detenidos de nacionalidad peruana y chilena antes de que medie una condena firme— no hizo más que confirmar el sesgo electoralista de la movida.  Desde el bloque opositor mayoritario, Fuerza por Buenos Aires, emitieron un duro comunicado en el que calificaron el despliegue como una burda "operación de prensa" y denunciaron un flagrante "fracaso en materia de seguridad". Los legisladores de la bancada conducida por Claudia Neira advirtieron sobre el uso desproporcionado de recursos públicos y el "gasto millonario" que implicó movilizar a un ejército policial en el prime time televisivo, sin que ello arrojara resultados concretos ni estructurales contra las verdaderas bandas que operan el delito complejo en el distrito.