Hablan de derechos, pero te castigan por usarlos: la trampa progresista

Hay algo profundamente irónico —y peligrosamente ridículo— en ver cómo quienes se autoproclaman defensores de derechos terminan convirtiéndose en administradores del silencio. El progresismo, ese movimiento que alguna vez se vendió como la vanguardia de la libertad, parece haber desarrollado una curiosa alergia a la libertad de expresión… siempre y cuando esa expresión no coincida con su catecismo.

Porque de eso se trata, en el fondo: no de ampliar derechos, sino de delimitar cuidadosamente cuáles son aceptables y cuáles deben ser castigados. Una especie de libertad con manual de instrucciones. Una libertad condicionada. Una libertad, en definitiva, bastante poco libre.

Tomemos un caso emblemático en Argentina: la sacralización de una cifra. Los “30.000 desaparecidos”. Un número que, más allá de su carga simbólica y política, ha sido elevado a la categoría de verdad indiscutible. Tanto, que cuestionarlo —no negarlo, cuestionarlo— puede derivar en sanciones, multas o escraches públicos. Durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se impulsaron normativas que abrían la puerta a sancionar expresiones consideradas negacionistas en el ámbito educativo.

El mensaje es claro: hay temas que no se discuten. No porque estén completamente saldados desde el punto de vista histórico, sino porque han sido blindados políticamente. Y ahí es donde la cosa se pone incómoda. Porque cuando una sociedad deja de debatir por miedo a la sanción, deja de ser una sociedad libre para convertirse en una donde el consenso se impone por coerción, no por convicción.

Pero no hace falta quedarse en Argentina para ver este fenómeno. En Brasil, el caso de una abogada que realizó un gesto imitando a un chimpancé en una discusión se convirtió rápidamente en un escándalo judicial, con pedidos de prisión incluidos. Más allá de lo desagradable o repudiable del gesto, la pregunta incómoda es otra: ¿desde cuándo la estupidez es un delito penal?

Porque ese es el punto. No se trata de defender el contenido de ciertas expresiones —muchas son ofensivas, desagradables o directamente idiotas— sino de defender el principio de que el Estado no puede convertirse en árbitro de lo que se puede o no decir sin abrir la puerta a abusos mucho más graves.

Y ejemplos sobran.

En distintos países occidentales, se han multiplicado los casos de personas sancionadas, multadas o incluso detenidas por comentarios en redes sociales. En algunos lugares de Europa, hacer chistes considerados ofensivos puede derivar en consecuencias legales. En Canadá y el Reino Unido, hay antecedentes de investigaciones policiales por “discursos de odio” que incluyen desde opiniones polémicas hasta comentarios irónicos mal interpretados.

El problema no es solo jurídico. Es cultural.

Se ha instalado la idea de que ciertas sensibilidades deben ser protegidas por ley. Que el derecho a no sentirse ofendido está por encima del derecho a expresarse. Y eso, llevado al extremo, convierte a la sociedad en una especie de campo minado donde cualquier palabra puede detonar consecuencias.

Pero lo más contradictorio es que esta lógica convive con un discurso permanente sobre la igualdad.

Porque si algo queda claro en este esquema es que no todos son iguales ante la ley. Hay discursos permitidos y discursos prohibidos. Hay personas que pueden decir ciertas cosas y otras que no. Hay ideologías que gozan de protección y otras que son directamente penalizadas.

La igualdad, entonces, deja de ser un principio para convertirse en una herramienta selectiva.

Y eso es profundamente peligroso.

Porque cuando la ley deja de ser neutral y empieza a reflejar preferencias ideológicas, deja de ser ley en el sentido pleno. Pasa a ser otra cosa: un instrumento de disciplinamiento.

Y la historia —esa que algunos quieren convertir en intocable— está llena de ejemplos de cómo termina eso.

La defensa de la libertad de expresión no es una defensa de lo agradable, ni de lo correcto, ni de lo políticamente conveniente. Es, justamente, la defensa de lo incómodo. De lo que molesta. De lo que incomoda al poder, sea del signo que sea.

Porque si solo podemos decir lo que está permitido, entonces no estamos hablando de libertad.

Estamos hablando de permiso.

Y lo mismo aplica a la igualdad ante la ley. No puede ser un principio flexible, adaptable según quién habla o qué dice. O somos todos iguales, o no lo es nadie.

Perder cualquiera de estas dos cosas —la libertad de expresión o la igualdad ante la ley— no es un detalle menor. Es el inicio de algo mucho más serio.

Y lo más irónico de todo es que ese camino suele empezar con gente convencida de que está haciendo exactamente lo contrario.