Golpe o viveza criolla: la movida para la sesión del escándalo

Una polémica sesión en la Cámara alta abre un conflicto jurídico e institucional sin precedentes. Aunque el oficialismo cuestiona su validez, una mayoría de senadores la avaló, lo que podría sentar un precedente en el funcionamiento del Senado y debilitar la autoridad de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La escena que se vivió en el recinto fue inusual: una sesión sin convocatoria formal desde la presidencia del cuerpo, encabezada por una senadora de la oposición, terminó siendo llevada adelante por una mayoría parlamentaria. La protagonista fue la neuquina Silvia Sapag, integrante del kirchnerismo, quien asumió la conducción de los debates en su carácter de vicepresidenta de la Cámara.

Nunca antes una autoridad parlamentaria perteneciente a una fuerza opositora se había arrogado la facultad de abrir una sesión sin el aval de la titular del cuerpo, que según la Constitución corresponde a la vicepresidenta de la Nación.

Desde el oficialismo libertario, rápidamente se denunció la nulidad de la convocatoria. Sus referentes, entre ellos el jefe del bloque Ezequiel Atauche, citaron el artículo 20 del Reglamento del Senado, que reserva a la presidencia la potestad de fijar fecha y hora de una sesión a pedido de al menos cinco senadores. También se apoyaron en el artículo 32, que define las atribuciones formales de quien preside la Cámara, entre ellas la de citar a sesiones ordinarias, especiales o extraordinarias.

Pero del otro lado, el kirchnerismo y bloques aliados sostuvieron que, en última instancia, "el pleno es soberano" y que el reglamento debe interpretarse bajo esa premisa.

Además, recordaron que el cronograma de sesiones es votado en la sesión preparatoria al inicio del año legislativo, por lo que los días y horarios ya estarían establecidos.

José Mayans, jefe del bloque kirchnerista, fue tajante al señalar que la vicepresidenta no puede imponerse por sobre la decisión de la mayoría.

En el recinto dejó en claro que Villarruel debe limitarse a conducir las sesiones y respetar la voluntad del cuerpo, sin fungir como intérprete última del reglamento. A pesar del desacuerdo, Villarruel terminó acatando la decisión sin mayores objeciones.

La escena, más allá del resultado puntual, deja abiertos interrogantes institucionales de fondo: ¿puede una mayoría del Senado sesionar sin convocatoria formal? ¿Dónde termina la autoridad reglamentaria de la presidencia y dónde empieza la soberanía del cuerpo?

Mientras tanto, el oficialismo ya anticipó que recurrirá a la Justicia para que se expida sobre la validez de lo actuado. Lo que allí se defina marcará un hito para el futuro del funcionamiento parlamentario y el poder efectivo de la vicepresidenta sobre la Cámara.