Gobernadores vs Nación: tensión por fondos y reparto fiscal

Hace algunas semanas, un pequeño grupo de gobernadores, pertenecientes a distintos espacios políticos, se acercó a la Casa Rosada con un mensaje claro: solicitaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que el Gobierno nacional incremente la asistencia financiera a las provincias, en un contexto de fuerte caída de la recaudación local. Para ellos, esa merma está directamente vinculada con las medidas económicas adoptadas por la administración de Javier Milei.

Durante ese encuentro, los mandatarios dejaron en manos de Francos la libertad para definir de qué manera el Ejecutivo podría compensar a las provincias, siempre y cuando no se comprometa el equilibrio fiscal, una consigna que el oficialismo sostiene como innegociable.

Poco después, representantes de casi todas las provincias se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para definir un camino común. A esa cita acudieron dos enviados de Francos, Lisandro Catalán (viceministro del Interior) y Carlos Guberman (secretario de Hacienda), con una propuesta escueta: seguir conversando.

Aunque el encuentro transcurrió en buenos términos, al concluir, los gobernadores firmaron un documento que causó sorpresa en el Gobierno. Sin haberlo anticipado, presentaron un proyecto de ley que proponía una solución al conflicto sin alterar las metas fiscales. La iniciativa apuntaba a modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

El texto sugería además la eliminación de ciertos fondos fiduciarios —un mecanismo que el propio Milei ha criticado— y el uso de esos recursos para incrementar la coparticipación federal. La propuesta implicaba redistribuir los fondos entre las provincias, sin ampliar el gasto público total.

A pesar del gesto legislativo, el martes pasado Guberman volvió a recibir a los ministros de Economía provinciales en el Palacio de Hacienda con una nueva oferta. Sin embargo, según trascendió, la propuesta generó más disconformidad que entusiasmo.

El funcionario nacional ofreció compartir con las provincias únicamente los ingresos generados por el impuesto a los combustibles, pero se negó a modificar el mecanismo de los ATN, que siguen dependiendo de la discrecionalidad del Ejecutivo. “Lo que ofrecen es ínfimo, apenas 300 millones de pesos”, confió una fuente al tanto de las conversaciones.

Además, otra parte de la propuesta molestó especialmente: Guberman estaría dispuesto a eliminar los fondos fiduciarios destinados a la obra pública, pero con una condición que generó fuerte rechazo. Cada provincia debería hacerse cargo de completar con fondos propios los proyectos inconclusos. “Nos quieren pasar el gasto también”, protestaron algunos funcionarios provinciales.

En ese contexto, algunos gobernadores, en reuniones privadas, comenzaron a considerar la posibilidad de aceptar parcialmente lo que se ofrece desde Nación, aunque con reservas. Para varios, sería preferible acceder a esos fondos limitados, aunque eso implique frenar las obras públicas, antes que seguir perdiendo recursos.

Una de las conclusiones más preocupantes para los líderes provinciales fue la admisión, por parte de funcionarios nacionales, de que los fondos destinados originalmente a las provincias están siendo utilizados para otros fines, sin una propuesta de compensación a cambio.

Por eso, el camino elegido por varias provincias fue avanzar con fuerza en el Congreso. Allí ya presentaron un proyecto de ley que contempla la eliminación total de los fondos fiduciarios que reciben ingresos derivados del impuesto a los combustibles y una actualización del régimen de distribución de los ATN. Con esta reforma, las provincias podrían acceder al 58,36% de la recaudación por ese tributo y los aportes del Tesoro deberían ser transferidos de forma automática.

Pese a las tensiones, no está previsto que Francos retome el diálogo de forma directa con los gobernadores. Por ahora, todo el proceso quedó en manos del equipo económico, que no consigue avanzar en un acuerdo duradero.

Aunque algunos sectores opositores esperaban que este conflicto se trasladara al Congreso y habilitara la aprobación de ciertos proyectos, ese escenario aún no se concreta. “No hay una estrategia común entre los gobernadores para lo que se discute esta semana en el Parlamento. Cada uno va a moverse según su conveniencia. Lo único que sí están dispuestos a impulsar en bloque es la ley de recursos para las provincias”, explicó una fuente cercana a varios mandatarios.