Exclusivo: denuncian a Malena Galmarini por el viaje con Massa a Barbados

Periodista y locutor. Editor Energía 2050.
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Se pide una investigación para establecer si fue un beneficio gratuito, quién lo financió y por qué.
Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal bonaerense solicitó que se investiguen las circunstancias del viaje que la senadora provincial Malena Galmarini habría realizado en agosto de 2026 a Barbados junto a su esposo, Sergio Massa, y otras personas.
La presentación, a la que tuvo acceso Newstad, apunta a determinar quién pagó los vuelos, cuál fue el costo real del traslado y si Galmarini abonó alguna suma por utilizar una aeronave privada que, según la denuncia, estaría vinculada al empresario Francisco de Narváez.
El abogado Leandro César Furundarena Micheli, autor de la denuncia, pide además que se investigue si el eventual beneficio pudo tener alguna relación con la función pública que desempeña la legisladora bonaerense.
El letrado recuerda en diálogo con este medio que “fueron cuatro viajes en total por una suma de 400 mil dólares”. Y resume: “Queremos que se investigue si hubo algún tipo de aceptación con motivo del cargo de la senadora Galmarini y posible violación a la ética pública. Abrimos el paraguas para que se libren los oficios necesarios para ver que estos viajes hayan sido todos en regla”.
La presentación es explícita al aclarar que no busca dar por probado un delito. “La presente denuncia no implica afirmar anticipadamente la existencia de delito ni atribuir responsabilidad penal sin la correspondiente investigación”, sostiene el escrito, que reclama precisamente el esclarecimiento de las circunstancias denunciadas.
Qué se investiga
Según el relato incluido en la denuncia, Galmarini habría viajado durante agosto a Barbados junto a Massa y otras personas, utilizando para una parte sustancial del recorrido una aeronave privada tipo Gulfstream “perteneciente o vinculada” a Francisco de Narváez.
El denunciante sostiene que las publicaciones periodísticas que dieron origen a la presentación indicaron que el viaje habría sido una invitación. Si esa circunstancia se comprobara, plantea, debería establecerse quién afrontó el costo del traslado y cuál fue el beneficio económico eventualmente recibido por la funcionaria.
También menciona una estimación periodística de 400 mil dólares para el conjunto de los vuelos, aunque el propio escrito aclara que esa cifra “se incorpora exclusivamente como información periodística cuya comprobación se solicita y no como un hecho definitivamente acreditado”.
En otro de sus pasajes, la denuncia remarca que “el mero hecho de que una funcionaria pública viaje en una aeronave privada no constituye, naturalmente, conducta delictiva alguna”. El punto central, según la presentación, es establecer si existió un beneficio gratuito, quién lo financió y por qué motivo habría sido otorgado.
La posible vinculación con Francisco de Narváez
Uno de los aspectos sobre los que la denuncia pide avanzar es la eventual existencia de relaciones entre De Narváez —o empresas vinculadas a él— y el Estado bonaerense.
El escrito solicita investigar si el empresario o sociedades de su grupo mantienen o mantuvieron “contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, beneficios fiscales, relaciones comerciales, intereses regulatorios o cualquier otro vínculo” con decisiones que puedan involucrar a la Provincia de Buenos Aires.
En paralelo, pide relevar la actividad legislativa desarrollada por Galmarini desde el inicio de su mandato para determinar si existió alguna vinculación funcional relevante entre la tarea de la senadora y quien eventualmente hubiera proporcionado o financiado el traslado.
La denuncia sostiene que una conexión de ese tipo podría modificar la valoración jurídica del caso, aunque no afirma que esa relación exista: justamente pide que sea la investigación la que determine si hay elementos que la acrediten o descarten.
La figura penal que menciona la denuncia
El denunciante considera que, de manera inicial y provisoria, los hechos podrían ser analizados bajo la figura de admisión de dádivas, prevista en el artículo 259 del Código Penal.
Pero también aclara que esa calificación no es definitiva y dependerá de lo que pueda establecer la investigación. Para eso, pide determinar quién proporcionó el traslado, quién contrató y pagó los vuelos, cuál fue su valor comercial y si Galmarini realizó alguna contraprestación económica.
Qué medidas solicita
Entre las medidas requeridas al Ministerio Público Fiscal figuran pedidos de información a autoridades aeronáuticas, aeroportuarias y migratorias para reconstruir los vuelos, identificar las aeronaves utilizadas, conocer sus rutas, fechas y operadores.
También solicita establecer quién organizó y solventó los vuelos, quién emitió las facturas o documentos comerciales y si la senadora realizó algún pago, reintegro o compensación por su participación en el viaje.
En su petitorio final, la presentación reclama específicamente que se investigue si Francisco de Narváez o empresas vinculadas a él tuvieron relaciones económicas, contractuales o regulatorias con organismos de la Provincia y que esa información sea confrontada con la actividad legislativa de Galmarini.
