En dinero o propiedades
El plazo de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para devolver lo robado
El Estado recuperará una cifra millonaria, consecuencia de un entramado de corrupción.
Tras la histórica ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, el Poder Judicial va por el patrimonio de la expresidente. Se trata del verdadero impacto de esta causa en las arcas del Estado.
El objetivo es recuperar los cerca de 85.000 millones de pesos defraudados al Estado mediante un entramado de corrupción que tuvo como principales implicados a la exmandataria y al empresario Lázaro Báez.
El fiscal Diego Luciani solicitará en los próximos días que los condenados restituyan los fondos malversados. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución forzada de sus bienes, con un plazo límite de 10 días hábiles para concretar la devolución.
Subastas millonarias en la mira
Como parte del proceso de ejecución, se espera la subasta de más de 20 inmuebles y activos vinculados a Cristina Kirchner, su entorno familiar y empresas allegadas. El paquete incluye:
- 27 propiedades registradas a nombre de la familia Kirchner.
- Cinco cocheras en el exclusivo complejo Madero Center.
- Participación en dos empresas clave: Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que operaban hoteles y gestionaban múltiples propiedades.
- 4,6 millones de dólares secuestrados, atribuidos a Florencia Kirchner, retenidos en cuentas ligadas a Hotesur.
- 1 millón de dólares adicionales en una cuenta bancaria a nombre de Florencia Kirchner.
Además, se contemplan acciones sobre propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, quienes podrían ver embargados sus bienes si no se concreta la restitución patrimonial.
Por su parte, Lázaro Báez, también condenado en la causa, enfrentará la ejecución de al menos 60 propiedades distribuidas mayormente en la Patagonia argentina, producto de las adjudicaciones de obra vial que recibió durante los gobiernos kirchneristas.
Uno de los ejes del caso Vialidad fue el estado de abandono de la mitad de las obras adjudicadas irregularmente. Según el fallo, estas registraban avances de apenas entre el 16% y el 36%, a pesar de que Báez cobró el 100% de los contratos.