El DNU que eliminaba el feriado fue suspendido
El Gobierno apelará el fallo que reinstauró el feriado estatal
ATE logró que la Justicia frene la eliminación del día no laborable. El Gobierno denuncia “privilegios sindicales”.
El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que la administración de Javier Milei apelará la decisión judicial que suspendió la eliminación del feriado del 27 de junio, jornada en la que se conmemora el Día del Trabajador del Estado. La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por ATE.
“La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”, escribió Adorni en la red X, y agregó que el fallo solo beneficia a los empleados públicos representados por ATE. El funcionario también cuestionó con dureza a la magistrada: “Tan exprés fue el fallo que la incompetente jueza Fullana se equivocó en el artículo que pretende suspender con la medida cautelar”.
Desde el Gobierno insistieron en que el decreto que elimina el feriado —publicado bajo el número 430/2025— tiene plena validez para el resto del personal estatal. Según indicaron, se presentará una apelación de forma inmediata con el objetivo de sostener la eliminación de “beneficios o prerrogativas que colocan a algunos sectores por encima del resto de la sociedad”.
La normativa oficial, anunciada primero en conferencia de prensa y luego formalizada en el Boletín Oficial, indicaba que los empleados públicos nacionales debían presentarse a trabajar con normalidad este viernes 27. Si bien la jornada no se considera legalmente hábil para el cómputo de plazos administrativos, el Gobierno remarcó que no se trataba de un feriado obligatorio, sino de un privilegio que decidía eliminar.
La reacción de ATE fue inmediata. Su titular, Rodolfo Aguiar, llamó públicamente a desobedecer el decreto, calificándolo de inconstitucional. “Es trucho y no lo vamos a cumplir”, expresó, e instó a todos los empleados estatales a tomarse el día libre, como es tradicional. “Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional”, remarcó.
Desde el gremio también se ocuparon de desmentir versiones que indicaban que solo los afiliados a ATE estarían exentos de trabajar. Aguiar aclaró que, por norma jurídica, cualquier sindicato representa a la totalidad del personal estatal, sin importar su afiliación o la ausencia de ella. “El 100% de los empleados públicos va a celebrar su día en sus hogares y con sus familias”, aseguró.
ATE consideró que el DNU constituye “un acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”. Tras la presentación del amparo, la jueza Fullana resolvió hacer lugar al pedido del sindicato y suspendió los efectos del artículo 2° del decreto en relación con los trabajadores representados por la organización gremial.
Más tarde, tras conocerse la intención del Gobierno de apelar la resolución, Aguiar volvió a responder desde redes sociales. “Vocero, se llevó derecho a marzo. Claramente usted no aprobaría los exámenes de idoneidad”, ironizó el gremialista.
La disputa se da en un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales. En distintas oportunidades, el presidente Javier Milei expresó su voluntad de reducir el aparato estatal, eliminar beneficios que considera excesivos y modificar la relación entre el Estado y sus trabajadores.
En el decreto, el Gobierno justificó la medida al destacar que Argentina figura entre los países con más feriados en el mundo, con un total de 19 días no laborables, lo que, según la administración libertaria, dificulta la eficiencia de la gestión pública. “La Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del sector privado es cosa del pasado”, dijo Adorni al anticipar la decisión.
La resolución judicial que frenó parte del DNU significa un revés momentáneo para el Ejecutivo, que ahora buscará revertirlo en instancias superiores. Mientras tanto, la discusión por el feriado del 27 de junio reaviva el debate sobre el rol del Estado, la representación sindical y el alcance de las medidas de gobierno en el empleo público.