El eterno niño peronista

Ingeniero de Software y escritor
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Una mirada ácida sobre el paternalismo estatal, la responsabilidad individual y la cultura política argentina.
Hay una edad en la que uno descubre que el mundo no está organizado alrededor de sus necesidades. Que la heladera no se llena por amor, que la casa no aparece porque uno “la merece” y que firmar un contrato produce esa molestia burguesa llamada obligación.
La mayoría atraviesa ese momento durante la adolescencia.
El niño peronista, no.
El niño peronista puede tener cuarenta años, tres hijos, una cuenta en Mercado Pago y una remera del Che fabricada en Bangladesh. Es un adulto desde el punto de vista biológico y un menor no emancipado desde el punto de vista político. Frente a cada problema levanta la mirada, busca la silueta protectora de papá Estado y formula la pregunta que ordena toda su existencia:
—¿Y a mí quién me lo resuelve?
No tiene trabajo.
Papá Estado debe darle uno.
No puede comprar una casa.
Papá Estado debe entregársela.
Pidió un préstamo que no logra pagar.
Papá Estado debe refinanciarlo, auditarlo, comprarlo, licuarlo o encontrar algún adulto que cargue con la parte desagradable del asunto.
La constante no es la necesidad. Necesidades tenemos todos. La constante es la negativa a aceptar que entre el deseo y el resultado suele existir una zona pantanosa llamada responsabilidad personal.
La Constitución argentina, a la que tantos invocan con la familiaridad de quien jamás soportó la humillación de leerla, dice algunas cosas interesantes.
El artículo 14 reconoce el derecho de todos los habitantes a trabajar y ejercer una industria lícita. El 14 bis ordena que el trabajo esté protegido por las leyes y enumera condiciones dignas, jornada limitada, descanso, salario justo, protección contra el despido arbitrario y seguridad social. Al final establece que la ley garantizará “el acceso a una vivienda digna”.
Acceso.
No entrega.
La Constitución no dice que un funcionario deba tocarte el timbre con una escritura en una mano y las llaves en la otra. Tampoco garantiza que la vivienda quede en Palermo, tenga balcón, acepte mascotas y esté a veinte minutos del trabajo que todavía no conseguiste. Ordena crear condiciones, protección e instrumentos para que esos derechos puedan ejercerse. No convierte cada aspiración en una encomienda estatal con seguimiento en línea.
Lo mismo ocurre con el trabajo. El derecho a trabajar no es una obligación constitucional del Estado de inventarte un puesto exacto en tu barrio, con el horario que te gusta y un supervisor emocionalmente disponible. El Gobierno debe respetar la libertad laboral, proteger al trabajador y procurar un marco donde haya empleo. No puede garantizar que una empresa necesite precisamente lo que vos sabés hacer, exactamente donde decidiste vivir y sin pedirte que aprendas nada nuevo.
Pero al niño peronista la diferencia entre derecho y provisión le parece una argucia neoliberal. Si tiene derecho a algo, alguien debe dárselo. Si nadie se lo da, el derecho “no existe”. Y si para entregárselo hay que cobrarle impuestos a otro, emitir dinero o endeudar a personas que todavía no nacieron, mejor: el futuro jamás organizó una marcha.
Papá paga.
Papá siempre paga.
Solo que papá Estado no tiene dinero. Tiene contribuyentes.
La segunda escena infantil aparece cuando el Congreso se dispone a aprobar una ley que no le gusta.
Argentina es una democracia representativa. El artículo 22 de la Constitución es bastante menos romántico que una asamblea universitaria: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades”. Eso no elimina el derecho a manifestarse. El mismo artículo 14 permite peticionar a las autoridades, y la libertad de expresión y reunión forma parte elemental de cualquier democracia decente.
Podés marchar.
Podés gritar.
Podés llevar una pancarta, hacer huelga y explicarle al país durante ocho horas que la República termina si un legislador aprieta el botón equivocado.
Lo que no podés hacer es sustituir los votos que no tenés por las piedras que trajiste.
Durante el debate de la Ley Bases en junio de 2024, hubo manifestantes pacíficos, abusos denunciados en el operativo y también algo menos poético: piedrazos, bombas incendiarias y autos quemados. Reconocer una cosa no obliga a negar las otras. Sin embargo, el niño peronista posee una teoría institucional fascinante: si su bloque gana, habló el pueblo; si pierde, el pueblo debe rodear el Congreso hasta que los representantes comprendan la democracia correctamente.
Es la versión política del chico que acepta las reglas del partido hasta que le cobran penal.
Entonces patea la pelota lejos.
Después aparece la Policía, intenta contener el desorden y comienza el segundo berrinche. El fuego era protesta. La piedra era participación ciudadana. El corte era deliberación popular. La fuerza pública, en cambio, es “represión”, incluso cuando responde a conductas que serían delitos si las cometiera cualquier persona sin una bandera conveniente.
El niño no hizo nada.
El jarrón se cayó solo.
Y ahora llegamos al capítulo financiero de la infancia prolongada.
Argentina atraviesa un problema real de endeudamiento familiar. No hace falta maquillarlo. La mora de los créditos no bancarios subió con fuerza; las billeteras y otros prestamistas digitales representan una porción menor del crédito familiar, pero concentran una parte desproporcionada de la deuda impaga. Las tasas pueden ser altísimas y el costo financiero total, en algunos productos, directamente grotesco.
Todo eso merece regulación transparente, información comprensible y sanciones cuando existan cláusulas abusivas. Un contrato voluntario no autoriza a estafar. La libertad de mercado no consiste en esconder el precio en una tipografía diseñada para microscopio electrónico.
Pero una tasa obscena no borra automáticamente la firma.
El crédito caro cumple una función bastante menos misteriosa de lo que parece. Quien tiene sueldo formal, patrimonio, historial impecable y capacidad de pago consigue mejores condiciones. Quien no puede acreditar ingresos, ya debe dinero o presenta mayor riesgo paga más, porque hay más probabilidades de que no devuelva el préstamo. Puede discutirse si una entidad evaluó irresponsablemente, si informó bien o si la tasa supera límites legales. Lo que no puede sostenerse seriamente es que el deudor fue un espectador accidental de una operación que apareció sola dentro del teléfono.
Nadie abrió Mercado Pago buscando el pronóstico y terminó debiendo dos millones por un error de tipeo.
Frente a la crisis, diputados de Unión por la Patria y aliados presentaron en 2026 un Régimen Esencial de Desendeudamiento. El proyecto audita préstamos, elimina cargos abusivos, consolida obligaciones y limita la cuota al 30% de los ingresos. Hasta ahí puede discutirse como un mecanismo de reestructuración. El detalle delicioso aparece en la financiación: crea un fideicomiso con aportes privados, recuperos de los deudores y también aportes públicos para comprarles las deudas a bancos, fintech y billeteras.
Es decir, el niño peronista odia a Marcos Galperin hasta que necesita que el Estado negocie con él.
Entonces Galperin deja de ser el villano monopólico por unos minutos y se convierte en acreedor de un fondo administrado por papá. El contribuyente, que quizá no pidió ningún préstamo o pagó puntualmente el suyo, participa de la aventura porque aparentemente le faltaba diversidad en su cartera financiera.
La idea tiene una contradicción magnífica. Si Mercado Pago prestó mal, evaluó mal el riesgo y otorgó dinero a quien no podía devolverlo, la pérdida debería recaer sobre Mercado Pago. Para eso cobra intereses elevados: para cubrir riesgo. Si el deudor aceptó condiciones claras y puede pagar, debe pagar. Y si no puede, corresponderán la mora, la renegociación, el concurso o la pérdida privada que determine la ley.
Lo extraño es construir una guardería financiera donde el Estado compra el problema, el acreedor recupera parte de su dinero, el deudor obtiene condiciones nuevas y el contribuyente entra a la sala sin haber sido invitado.
Eso no elimina las consecuencias.
Las distribuye entre personas que tomaron la decisión y personas que estaban pasando por la vereda.
La misma mentalidad aparece frente al empleo. Cierra una actividad en una ciudad o surgen oportunidades en otra, y en muchos países las personas evalúan mudarse, capacitarse o cambiar de sector. En Argentina, demasiadas veces la primera demanda es que el puesto regrese por decreto al mismo lugar, con la misma tarea y preferentemente bajo las mismas condiciones de 1987.
Mudarse es cruel.
Aprender otra cosa es ajuste.
Aceptar que una industria desapareció es rendirse ante el mercado.
Por eso el niño peronista no exige herramientas para adaptarse: exige que la realidad se adapte a él.
No le molesta cagar en un balde.
Lo que le molesta es que el Estado no le consiga el balde.
El peronismo entendió antes que nadie el rendimiento electoral de esta psicología. Un ciudadano autónomo puede agradecer una política y votar a otro cuatro años después. Un adulto dependiente, en cambio, vive pendiente de quién reparte, quién renueva, quién habilita, quién perdona y quién amenaza con quitarle lo que ayer presentó como regalo personal.
El paternalismo no solo distribuye recursos. Distribuye minoría de edad.
Le enseña al adulto que los beneficios vienen del gobernante, pero las obligaciones vienen de la mala suerte. Que cobrar es justicia social y pagar es crueldad. Que votar crea legitimidad si gana el propio y resistencia si gana el otro. Que cada contrato puede renegociarse políticamente y cada fracaso personal merece un culpable institucional.
Por supuesto, el Estado debe actuar donde corresponde. Debe proteger derechos, perseguir fraudes, sostener a quien realmente no puede valerse por sí mismo, ofrecer educación, seguridad, justicia e infraestructura. También puede diseñar redes transitorias frente a catástrofes o crisis profundas. Una sociedad civilizada no abandona a una persona porque tuvo mala suerte.
Pero ayudar a levantarse no es lo mismo que prohibirle crecer.
Un Estado que resuelve permanentemente las consecuencias de cada decisión termina produciendo personas incapaces de decidir. Y cuando finalmente ya no alcanza la plata —porque nunca alcanza—, el niño no interpreta que el sistema era inviable. Interpreta que papá se volvió malo.
Entonces protesta.
Rompe.
Pide otro préstamo.
Y exige que alguien más lo pague.
Hace poco leí en internet una frase maravillosa, de esas que condensan una biblioteca entera con la elegancia de un baño de estación. Decía:
“El gigantesco pene de las consecuencias rara vez viene lubricado”.
Quizá la madurez consista justamente en entender eso antes de firmar, votar, romper o endeudarse.
El niño peronista todavía espera que papá Estado compre lubricante.
Y, naturalmente, que lo paguemos todos.
