El espionaje ilegal es parte de la batalla cultural

Como venimos viendo, desde hace años el tema de las cuestiones de inteligencia ilegales viene sacudiendo a la política. El primer caso que podemos señalar es la denuncia que en su momento se le hizo al juez Casanello, argumentando que tenía reuniones con CFK con el fin de apartarlo de la causa. Esta investigación terminó con la condena de dos personas que eran parte de los servicios de inteligencia de ese momento.

Otro caso resonante fue el del falso abogado D’Alessio, quien se hacía pasar por letrado y agente de inteligencia, con influencias en el Poder Judicial. Se le encontraron varias carpetas de inteligencia sobre distintas personas y organismos. Esto también llevó a una condena de D’Alessio, dando origen a la contradenuncia destinada a desvirtuar esta última, conocida como operación PUFF.

Otra causa que tuvo gran repercusión, no solo en los medios de comunicación sino también en la opinión pública, con implicancias directas en el gobierno de entonces, fue la llamada SIDE PARALELA, donde surgieron escuchas a distintos funcionarios y se dejó en evidencia un servicio de inteligencia paraestatal.

Es por esto que este tipo de organizaciones trasciende los colores políticos. Son cuestiones culturales que deben ser desterradas de raíz para lograr un cambio real.

Lo más llamativo de todo esto es que siempre se repite el mismo “modus operandi”: un “periodista” devenido en OPERADOR promociona información obtenida de forma ilegal. En la mayoría de los casos, se aprovecha un evento puntual que involucra al color político que quieren atacar, ya sea a la espera de una resolución judicial o, como en el caso actual, previo a las elecciones. De esta forma generan una manipulación de la población, convirtiendo al periodismo en el centro del poder, donde, sin importar la instancia judicial en la que se encuentre el hecho denunciado, son estos operadores quienes MARCAN LA AGENDA. Ellos se ponen en el lugar de juzgadores constantes, manipulando al electorado. Respaldados en la libertad de expresión, la imposibilidad de censura previa, la reserva de las fuentes y todas esas garantías constitucionales —que son válidas y no se discuten—, pierden legitimidad cuando su origen es ilícito, su finalidad es ilegítima y, sobre todo, cuando comprometen cuestiones de Estado.

En este sentido, vale destacar lo advertido por la gestión de Milei respecto a los audios que surgieron de Karina Milei. El único lugar donde pudieron ser obtenidos es en el ámbito de su labor como Secretaria Presidencial. De esos audios se desprende que Karina afirma que trabaja todo el día, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, si pudieron grabarla en un despacho privado, ¿en qué otros despachos pudieron haber hecho lo mismo? Esa es la verdadera gravedad: deja de ser una cuestión pública para convertirse en un asunto de Estado, donde la divulgación de ese material puede devenir en un Golpe Institucional.