El crimen de Xiomara Portillo sacude a Formosa

La provincia de Formosa continúa sacudida por el crimen de Xiomara Luciana Portillo, la adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Procrear después de diez días de búsqueda. La Policía Científica confirmó su identidad tras un complejo trabajo forense que incluyó la extracción y análisis de una huella digital en condiciones extremas. Pero a medida que la investigación avanza, distintas voces señalan irregularidades, sospechas de demora deliberada e incluso versiones sobre redes de explotación sexual que involucran a menores.

El hallazgo se produjo cuando un vecino detectó una bolsa plástica de uso habitual en obras de construcción. Dentro se encontraba un cuerpo en estado tal que imposibilitaba un reconocimiento visual inmediato. La Justicia intervino desde el inicio, aunque la confirmación oficial de identidad recién se dio días más tarde, pese a que la familia había reconocido pertenencias el mismo día del hallazgo.

Según explicó el jefe de la Policía Científica, comisario mayor David, la identificación requirió procedimientos químicos y repetidos intentos para obtener una impresión nítida del pulgar derecho. “Esto no es como las series de televisión: demanda tiempo, una cadena de custodia estricta y evitar cualquier contaminación”, aclaró. Finalmente, la huella fue cargada en la terminal Sirios MVIS y coincidió con la de Xiomara, despejando dudas.

Sin embargo, la versión institucional no es la única que circula. La abogada y periodista Julieta González, referente de la zona y conocedora del funcionamiento judicial local, aportó un marco más amplio sobre el impacto y las particularidades del caso. Según señaló, se trata de un crimen “particularmente nuevo en Formosa no porque no ocurran desapariciones, sino porque nunca se había llegado a un hecho tan brutal que combine la desaparición prolongada, la posterior aparición de un cuerpo ultrajado y las sospechas de vínculos con redes sexuales clandestinas”.

González recordó que en 2016 hubo un antecedente “de características similares”, cuando otra menor apareció muerta en un velódromo cerrado y administrado por funcionarios, pero destacó que desde entonces no se registró un caso tan violento ni con un trasfondo tan inquietante.

La letrada explicó que en la provincia existen versiones persistentes sobre un circuito de explotación sexual que “recluta a nenas y nenes, sobre todo niñas, desde el ámbito escolar para fiestas privadas y encuentros con adultos”. Aunque aclaró que esto “no está comprobado en la causa”, advierte que las sospechas se alimentan en un contexto donde “existe un cerco informativo y judicial” y donde las familias “tienen miedo de denunciar hechos vinculados al poder político”.

Ese temor se intensifica porque, tal como explicó, Xiomara militaba para un partido alineado con el gobierno provincial. “Las sospechas no surgen por su militancia en sí, sino porque —según denuncian distintas fuentes— los principales promotores o facilitadores de estos negocios sexuales suelen ser personas vinculadas a la política, a sectores de la policía y del ámbito judicial, todos con altos niveles de impunidad”.

Más allá de estas versiones, González también cuestionó el accionar policial en los primeros días. Señaló que la adolescente desapareció un jueves de madrugada, y que recién el lunes, tras la movilización de la familia y la llegada del caso a medios nacionales, se inició una búsqueda formal. “Somos una provincia de frontera, pero no se activó la Alerta Sofía”, lamentó.

La abogada afirmó además que el cuerpo apareció en un lugar donde la policía afirmaba haber rastrillado previamente, lo que alimenta dudas sobre si el cadáver fue plantado allí. Y agregó un dato delicado: la familia identificó a la menor por pertenencias y rasgos físicos el mismo miércoles del hallazgo, pero fueron aislados y se les retiraron los teléfonos bajo el argumento de preservar la investigación. Durante cinco días, mientras la Policía y funcionarios judiciales aseguraban públicamente que la identidad estaba en estudio, la familia tenía la confirmación.

“Eso hace crecer la sospecha de que esos cinco días fueron utilizados para acomodar la versión oficial o proteger a ciertas personas, si es que las sospechas de vínculos políticos fueran efectivamente reales”, afirmó González.

Hasta el momento, la causa cuenta con dos imputados por homicidio: un adulto y un menor de edad que era novio de la víctima. La investigación continúa abierta y se esperan nuevas medidas judiciales, mientras la familia realizará una movilización para pedir justicia.