Demócratas esposados: ¿Justicia o montaje?

Brad Lander, contralor de Nueva York y precandidato a alcalde, fue detenido el martes en un tribunal de inmigración por intentar escoltar a un migrante que iba a ser arrestado. Las imágenes del funcionario esposado y rodeado de agentes federales se viralizaron en minutos y dieron lugar a una ola de declaraciones cruzadas que, más que apaciguar, agitaron aún más las aguas de una política nacional que ya venía al rojo vivo.

No es el único caso reciente. El senador Alex Padilla fue reducido por la fuerza en Los Ángeles la semana pasada. La alcaldesa de Newark, LaMonica McIver, fue imputada por resistirse a un operativo de ICE. Una jueza de Milwaukee enfrenta cargos por haber protegido a un migrante indocumentado. A simple vista, pareciera que el conflicto entre la Casa Blanca y algunos sectores demócratas abandonó los pasillos del Congreso para volverse cuerpo a cuerpo.

Del lado progresista, los calificativos abundan: "autoritarismo", "intimidación política", "deriva represiva". El presidente del distrito de Manhattan, Mark Levine, denunció un “intento deliberado de escalada” por parte del gobierno. Y el propio Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, fue más allá al advertir que esta política podría “marcar para morir” a funcionarios públicos si llegara a ser emulada por extremistas.

Pero, ¿es esto realmente una persecución política orquestada por el presidente Trump? ¿O estamos ante una sobre-reacción histriónica de un partido que hace tiempo encontró en el enfrentamiento con el magnate republicano una forma eficaz de movilizar a sus bases?

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, el mensaje fue tajante. Los arrestos, sostienen, no se deben a afiliaciones partidarias sino a actos concretos de obstrucción a operativos migratorios. “Estos políticos buscan sus 15 minutos de fama a costa de la seguridad de las fuerzas del orden”, dijo su vocera Tricia McLaughlin. La frase no es casual. Desde hace semanas, altos funcionarios de la administración han acusado a ciertos líderes demócratas de entorpecer los procedimientos federales para capitalizar momentos virales que potencien sus campañas.

Y, a decir verdad, las cámaras siempre están listas. No se trató de detenciones secretas ni nocturnas, sino de episodios públicamente escenificados en juzgados, conferencias de prensa o en plena calle, con teléfonos filmando desde todos los ángulos. El propio Lander, rezagado en las encuestas, terminó encabezando los portales por una detención que algunos consideran más útil para su proyección electoral que para la defensa de ningún migrante concreto.

Esto no exime al gobierno federal de ciertas preguntas incómodas. ¿Era necesario el uso de la fuerza contra un senador en funciones? ¿Justifican los objetivos de la política migratoria —por más legítimos que sean— el escarnio público de funcionarios electos? Incluso en sectores más cercanos al oficialismo se advierte que, en política, las formas importan. La Casa Blanca puede ganar un operativo, pero perder terreno simbólico si se la percibe insensible o desproporcionada.

Sin embargo, también hay una línea que no conviene cruzar: la idea de que todo accionar legal contra un demócrata es, automáticamente, un abuso de poder. Esa narrativa victimista, que algunos líderes progresistas impulsan con entusiasmo, debilita el principio de que la ley debe aplicarse sin excepción. Si un juez o un alcalde obstruyen a propósito un procedimiento, deben rendir cuentas. El cargo que ocupen no puede ser blindaje ante la justicia. Lo contrario sería consagrar la impunidad.

Por otro lado, reducir todo esto a una "cacería de brujas" resulta funcional a una izquierda que necesita reavivar su causa tras años de desgaste. Lejos de los ideales de Martin Luther King, que desobedecía leyes injustas con dignidad y sin cámaras, hoy pareciera imponerse una lógica de performance: la resistencia debe ser visual, inmediata, twitteable. Y si hay esposas, mejor.

El trasfondo no es menor. La política migratoria de Trump ha subido varios grados desde el envío de tropas a Los Ángeles para reforzar redadas, lo que desató choques con autoridades locales y protestas masivas. En paralelo, el asesinato de una legisladora de Minnesota y su esposo reavivó los temores de que esta escalada pueda desembocar en violencia real. En ese contexto, cada arresto se vuelve símbolo y cada símbolo, munición política.

La pregunta ya no es quién tiene razón, sino quién grita más fuerte. En esa competencia, la política estadounidense se parece cada vez más a un set de reality show donde los gestos pesan más que las leyes, y las esposas valen más que los argumentos. Mientras unos juegan al mártir y otros al sheriff, el sistema democrático —ese que solía sostener el desacuerdo sin necesidad de teatro— mira desde un rincón, atado de manos.