Década perdida
Delincuencia juvenil en Argentina: un problema que crece y no podemos ignorar
Periodista.
La creciente violencia cometida por menores de edad en Argentina es una alarmante señal de la descomposición social y moral de nuestro país. El caso reciente de tres jóvenes delincuentes que se jactaron en redes sociales de un violento asalto refleja la gravedad de la situación.
La delincuencia en nuestro país es un problema que hemos arrastrado durante años fruto de las ideologías populistas de izquierda, proteccionistas frente a aquellos que vulneran la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos de bien, oponiéndose a combatir directamente al criminal y proponiendo abordajes ineficientes e ineficaces, generando así una problemática de doble entrada.
El crimen, en algunos sectores de la sociedad, se transforma en el capital cultural incorporado de las nuevas generaciones, normalizándolo e incorporándolo como forma de vida. Esto se ve reflejado en las estadísticas nacionales, por ejemplo, en la Ciudad, la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) registró un total de 2.197 causas penales que involucraron a menores, los cuales el 3% de estas causas correspondió a diferentes actos contra la propiedad, principalmente robos en diversas modalidades, mientras que el 17% restante incluyó delitos contra la integridad sexual, la administración pública, las personas y la libertad. El 90% de los menores implicados fueron varones, principalmente de 16 y 17 años.
El enfoque garantista no le permitió a las fuerzas de Seguridad hacer su trabajo, ya que, según el Mapa Estadístico Penal Juvenil de la República Argentina, en el año 2023 solo nueve de las 24 jurisdicciones del país (el 37.5% de estas) lograron mantener o reducir la cifra de adolescentes en conflicto con la ley en comparación con el año anterior, reflejando que, el Estado y su monopolio de la violencia, es vencido por un grupo de menores de edad que se ganan la vida “saliendo de caño”.
Podemos ver reflejados estos números en el reciente acontecimiento del partido de Vicente López, en el que tres jóvenes ingresaron a la casa de una mujer de 92 años, la cual ataron de pies y manos y le robaron 50.000 pesos, 200 dólares, alhajas y un iPhone. Durante el robo, los delincuentes se tomaron una selfie frente a un espejo, en la que se observa a la víctima atada en la cama al fondo. Esta imagen fue publicada en redes sociales con la fría leyenda: "La chispa es una, fue".
Además, es fundamental señalar el impacto de la decisión de liberar presos durante la pandemia de COVID-19. Miles de detenidos obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria debido al riesgo sanitario, pero muchos de ellos nunca regresaron a las cárceles. Esta medida no solo generó una sensación de impunidad sino que también incrementó el nivel de inseguridad en las calles. La falta de un control efectivo sobre quienes debían cumplir condenas fuera de los penales agravó la crisis de seguridad que ya enfrentábamos.
El gobierno debe actuar con urgencia, las leyes deben endurecerse para garantizar que los responsables de estos crímenes paguen por sus actos, independientemente de su edad. La seguridad de nuestros ciudadanos, y en especial la de nuestros mayores, debe ser una prioridad. No podemos seguir permitiendo que los jóvenes criminales sigan burlándose del sistema judicial. La justicia tiene que ser firme, y nuestra sociedad no puede quedarse de brazos cruzados mientras la delincuencia se apodera de nuestra realidad.