Década convulsionada
Crisis sin pausa: cuántos jefes de Estado tuvo Perú en diez años
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Una sucesión inédita de gobiernos breves expone la fragilidad política que marcó al país durante la última década.
En la última década, el Perú ha atravesado una de las etapas más turbulentas de su historia republicana. Renuncias, vacancias, destituciones y presidencias interinas se sucedieron con una velocidad inusual, hasta configurar un escenario en el que varios mandatarios no lograron concluir sus períodos constitucionales. Esta inestabilidad, lejos de ser un hecho aislado, responde a tensiones estructurales entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, crisis de legitimidad política y escándalos de corrupción que se repiten desde 2016.
Desde la asunción de Pedro Pablo Kuczynski en 2016 hasta la reciente destitución del presidente interino José Jerí en febrero de 2026, el país ha tenido una sucesión acelerada de jefes de Estado. En ese lapso, solo uno logró completar su mandato, mientras otros enfrentaron procesos judiciales o terminaron removidos del cargo, reflejando una profunda fragilidad institucional.
Del quiebre político de 2018 a la crisis de 2020
La crisis contemporánea comenzó cuando Kuczynski renunció en marzo de 2018 antes de ser destituido, en medio de acusaciones de corrupción. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la presidencia e impulsó reformas anticorrupción que lo enfrentaron con el Congreso, al punto de disolverlo en 2019, generando una fuerte confrontación institucional.
Sin embargo, el propio Vizcarra fue destituido en noviembre de 2020 mediante la controvertida figura de “incapacidad moral”, considerada por observadores como una cláusula ambigua utilizada políticamente por el Parlamento.
Tras su salida, el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió brevemente la presidencia, pero renunció pocos días después debido a protestas sociales masivas. La crisis se estabilizó temporalmente con el nombramiento de Francisco Sagasti, quien gobernó hasta julio de 2021 y condujo al país hacia nuevas elecciones.
Castillo, Boluarte y la espiral de destituciones
Las elecciones de 2021 llevaron al poder a Pedro Castillo, un maestro rural con fuerte respaldo en zonas pobres. Su gobierno estuvo marcado por conflictos permanentes con el Congreso y una rápida caída de popularidad. Finalmente fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Parlamento, lo que desencadenó una grave crisis constitucional.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió entonces la presidencia, pero su gestión enfrentó protestas sociales, cuestionamientos políticos y presiones para adelantar elecciones. La conflictividad debilitó aún más las instituciones democráticas y profundizó el enfrentamiento entre poderes del Estado.
En octubre de 2025, el Congreso forzó también la salida de Boluarte, en una maniobra que evidenció la fragilidad del sistema político y la incapacidad de alcanzar consensos duraderos.
José Jerí y el récord de inestabilidad
Tras la destitución de Boluarte, asumió la presidencia interina José Jerí, entonces titular del Congreso. Su mandato duró apenas cuatro meses: en febrero de 2026 fue removido por el Parlamento luego de investigaciones por presunto tráfico de influencias y reuniones no declaradas con empresarios, en un escándalo conocido como “Chifagate”.
Su caída lo convirtió en uno de los presidentes más breves del mundo reciente y en el octavo jefe de Estado peruano en menos de una década, confirmando la persistente volatilidad política del país.
La sucesión constante refleja una tendencia más amplia: desde 2016, Perú ha encadenado múltiples crisis presidenciales, con destituciones frecuentes y gobiernos de transición que no logran estabilizar el sistema.
Una democracia en tensión permanente
Más allá de los nombres propios, el problema peruano es estructural. Analistas señalan que la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, la debilidad de los partidos políticos y los escándalos de corrupción han erosionado la confianza ciudadana y debilitado las instituciones democráticas.
Aun así, el país ha mantenido cierta estabilidad económica gracias a políticas fiscales ortodoxas y finanzas públicas relativamente sólidas, lo que contrasta con la fragilidad política.
De cara a las elecciones generales previstas para 2026, el Perú enfrenta un desafío decisivo: romper el ciclo de presidentes efímeros y reconstruir una gobernabilidad capaz de sostenerse en el tiempo. La última década demuestra que la crisis no pertenece a un gobierno en particular, sino a un sistema político que aún busca su equilibrio.
En ese sentido, la sucesión vertiginosa de mandatarios no es solo una anomalía histórica, sino el síntoma visible de una democracia que lucha por consolidarse en medio de la incertidumbre.