Alivio en el juicio por YPF: "Esto no es ajeno a la nueva relación entre Argentina y EE.UU."

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender el proceso de discovery en el juicio por la expropiación de YPF fue interpretada por el Gobierno argentino como un avance clave en la estrategia judicial del país. La medida frena el acceso a información y posibles embargos sobre activos estatales, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo.

Desde la Casa Rosada señalaron que el fallo constituye un hecho “histórico y sin precedentes”, ya que detiene todos los procedimientos en curso en la Corte de Distrito y deja en suspenso una instancia considerada sensible para los intereses nacionales. En particular, se evitó el avance sobre bienes y activos que podrían haber quedado expuestos en el marco del litigio.

En esa línea, el exsecretario de Energía y exdirector de YPF, Emilio Apud, explicó a Newstad los riesgos que implicaba esa etapa del proceso judicial.

“Corrían peligro muchos activos de la Argentina que no tenían nada que ver con las malas prácticas que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento a través de Axel Kicillof, cuando realizó la expropiación mal hecha de las acciones. En ese contexto, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y muchos otros activos podrían haber sido embargables si avanzaba el discovery, en caso de demostrarse una relación directa entre esos activos y el Estado nacional”, sostuvo.

La resolución judicial también implica una pausa en un litigio que supera los 16 mil millones de dólares más intereses, cifra que ahora queda sujeta a la revisión de la apelación presentada por la Argentina.

“La Justicia norteamericana decidió suspender eso y esperar el resultado de la apelación que hizo nuestro país respecto de los 16 mil millones de dólares más intereses”, explicó Apud.

En cuanto a las perspectivas futuras, el especialista consideró que aún existe margen para discutir el monto final de la eventual condena.

“Tal vez se pueda negociar la magnitud del monto, es decir, bajarlo. Está en juego el momento en que se toma el tipo de cambio: una cosa es considerarlo al momento de la expropiación, alrededor de 2013, y otra muy distinta es cuando llegó la sentencia. Son diez años de diferencia y, según cuál se tome para calcular el cambio, la cifra podría reducirse prácticamente a la mitad”, señaló.

Por otra parte, Apud vinculó la decisión judicial con el contexto de relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, aunque con matices sobre el alcance de esa influencia.

“Esto no es ajeno a la nueva relación que existe entre la Argentina y Estados Unidos. Podría tener algún tipo de influencia. De hecho, esto se logra precisamente por la influencia del Poder Ejecutivo de Estados Unidos”, afirmó.

No obstante, aclaró los límites institucionales en el sistema norteamericano: “De todas maneras, hay que tener en cuenta la división de poderes: el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse directamente en decisiones judiciales. Pero, evidentemente, su opinión pesa”.

Mientras tanto, el Gobierno ratifica que va a insistir con todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses del país en una causa que lleva más de una década y que sigue siendo uno de los litigios internacionales más relevantes para las finanzas del país.