Arde Tierra del Fuego, pero el Gobierno no cede

El anuncio del Gobierno Nacional de reducir a cero los aranceles de importación para celulares y otros productos electrónicos encendió la mecha en Tierra del Fuego. En menos de 24 horas, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) declaró un paro total en las fábricas, hubo protestas con quema de tachos frente a las plantas y el gobernador Gustavo Melella advirtió que la provincia analiza ir a la Justicia. Mientras tanto, desde la Casa Rosada aseguran que la medida busca “liberar a los argentinos de un sistema artificialmente encarecido” y promover el acceso a la tecnología a precios razonables.

El recorte arancelario, que será progresivo hasta llegar al 0% en enero de 2026, impacta directamente en el régimen promocional de Tierra del Fuego, donde se ensamblan la mayoría de los celulares, televisores y aires acondicionados que se venden en el país. Desde hace décadas, ese esquema subsidia la producción local con exenciones impositivas y una protección aduanera alta. En el caso de los celulares, el arancel de importación pasará del 16% al 8% en una primera etapa y será eliminado completamente en 18 meses.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue claro: “La eliminación de estos aranceles permitirá una baja de precios cercana al 30% en los productos electrónicos”. Y agregó: “Durante años, el consumidor argentino pagó hasta el doble por un celular, no porque costara más producirlo, sino porque el Estado decidió cerrar la economía para proteger un sistema que solo beneficiaba a unos pocos”. Para el funcionario, la apertura importadora no es una agresión contra Tierra del Fuego sino una “corrección largamente postergada” que busca ampliar el acceso a la tecnología, especialmente en sectores de bajos ingresos.

En una exposición técnica posterior, Sturzenegger señaló que el régimen fueguino representa un costo fiscal de más de 1.000 millones de dólares anuales. “Es un impuesto invisible que pagamos todos, incluso los más pobres, cada vez que compramos un celular. Eliminar ese sobreprecio es una forma de justicia económica”, enfatizó.

Desde su perspectiva, el cambio no apunta a desindustrializar sino a reordenar prioridades: “Es cierto que la menor protección puede reducir algunos empleos en la isla, pero también generará nuevas oportunidades en otros sectores, con más poder adquisitivo disponible y sin distorsiones que castigan al consumidor argentino”.

Pero del otro lado, la reacción fue enérgica. La UOM de Río Grande lanzó un paro por tiempo indeterminado, con fábricas paralizadas y piquetes en las calles. Según el sindicato, la medida pone en riesgo más de 7.000 empleos directos y “es el primer paso hacia el cierre definitivo del polo industrial fueguino”. Oscar “El Zurdo” Martínez, secretario general del gremio, advirtió que si no se revierte la decisión, “a fin de año no quedará producción en pie”. La CGT nacional respaldó la protesta y consideró la medida como “un ataque directo a la industria nacional”.

Las empresas también expresaron su alarma. La cámara AFARTE anticipó que, sin aranceles, “ya no tendría sentido fabricar en la isla”. El CEO de Newsan planteó: “No sabemos si vale la pena seguir ensamblando celulares. Esta decisión cambia completamente las reglas de juego”.

Desde el gobierno provincial, el gobernador Gustavo Melella cuestionó tanto el fondo como las formas. “No nos consultaron, nos enteramos por los medios. Esta medida es gravísima, destruye el empleo y la soberanía en el sur del país”. El mandatario anticipó que Tierra del Fuego iniciará acciones legales si el decreto se publica tal como fue anunciado.

Más allá de la tensión, el Gobierno insiste en que no hay una “guerra contra Tierra del Fuego” sino una necesidad de poner fin a privilegios ineficientes. “No es razonable que un país con 50% de pobreza pague el doble por un celular para sostener un modelo cerrado y costoso”, justificó Sturzenegger.

El debate, entonces, va más allá del régimen fueguino: pone en discusión qué tipo de desarrollo industrial quiere el país. ¿Una industria protegida con subsidios cruzados, o una economía más abierta, donde el consumidor tenga acceso a bienes más baratos? Por ahora, en Tierra del Fuego hay más preguntas que respuestas. Pero la Casa Rosada parece haber tomado una decisión sin marcha atrás.