Esta tarde
Se define el paro de colectivos: un laberinto de conflictos en el que todos tienen razón

Periodista. Locutor.
El Gobierno ya no puede dictar conciliación obligatoria. Las tres patas de un escenario complejo de larga data y los perjudicados de siempre.
aLuego del nuevo fracaso en las negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte, el sindicato confirmó un paro de colectivos de 24 horas para el martes 6 de mayo en todo el territorio, abarcando servicios urbanos, suburbanos y de media distancia.
El anuncio llegó tras el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por la Secretaría de Trabajo, por lo que el Gobierno ya no tiene margen legal para imponer una nueva suspensión de la huelga.
El nuevo secretario de Transporte, Luis Pierrini, designado en reemplazo de Franco Mogetta, trabaja contrarreloj para intentar desactivar la huelga. Pero al no haber asumido formalmene, la audiencia convocada para hoy a las 14 por videoconferencia será encabezada por el secretario de Trabajo Julio Cordero. Participarán representantes de la UTA y de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA).
Sin la posibilidad de dictar una nueva conciliación obligatoria, el futuro del servicio de colectivos quedará supeditado a la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo en esa reunión. El problema radica en que este conflicto eterno es consencuencia de una política de subsidios en la que años atrás, el usuario sólo pagaba un 8% del costo. Y ahora, que esos números inviables empiezan a desarmarse, todos tienen su cuota de razón.
En el comunicado oficial, la UTA calificó como “una falta de respeto” la oferta empresaria de un aumento remunerativo inferior al 6 % para el período febrero-junio, más sumas no remunerativas de $40 000, $50 000 y $70 000 en mayo, junio y julio respectivamente. Desde el gremio se mantienen firmes en que solo un salario básico de 1.700. 000 pesos garantizará la dignidad del trabajo de los choferes, frente a los 1.200.000 actuales.
Desde la AAETA, su presidente Luciano Fusaro advirtió que la mitad de las líneas del AMBA llevan ocho meses con la tarifa congelada y que un ajuste salarial excesivo pondría en riesgo la viabilidad económica de las empresas.
Poco antes de la reunión de este lunes, Fusaro se mostró pesimista sobre un acuerdo y detalló que, sin subsidios, el boleto de colectivo “debería rondar los 1.600 pesos, que parece mucho pero en algunas provincias ya se paga”.
El representante del sector empresario advierte que para que las líneas no cierren recortan la inversión, con sus consecuencias en la seguridad de los pasajeros: “Un tercio de la flota tiene mas de 10 años de antigüedad, no deberían estar circulando. Circulan porque el Gobierno otorga prorrogas, esto es un reconocimiento implícito de que los subsidios no están bien calculados”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, instó a los dirigentes sindicales a “suspender unos días” el paro para explorar soluciones con el nuevo secretario de Transporte, recordando que la gestión anterior de Franco Mogetta agotó todas las opciones posibles de conciliación.
El también lógico interés del Gobierno es no aumentar, o no aumentar lo suficiente las tarifas para contener la inflación, una de las variables, o quizá la única, que le sigue dando crédito ante la sociedad en un año electoral.
Los afectados, otra vez, los trabajadores más vulnerables
La decisión de la UTA afectaría a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a los servicios de corta y media distancia en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Rosario, donde algunas seccionales ya confirmaron su adhesión mientras otras esperan el desenlace de la audiencia del lunes.
Se calcula que en el AMBA unos 9 millones de usuarios habitualmente utilizan el colectivo para sus traslados diarios, por lo que la paralización implicará una fuerte tensión sobre otras modalidades de transporte público y privado. El subte y los trenes no adhieren a la huelga, pero se prevé que sus estaciones principales colapsen ante la migración masiva de pasajeros que buscan alternativas de movilidad.
Las aplicaciones de transporte privado, como Uber y Cabify, anticipan un aumento automático de tarifas por la ley de oferta y demanda, lo que impactará directamente en el bolsillo de quienes necesiten trasladarse durante la huelga. El sistema de bicicletas públicas y monopatines eléctricos podría verse sobrepasado, especialmente en zonas céntricas, por la rápida ocupación.
Quienes no cuentan con vehículo propio o no pueden afrontar tarifas elevadas quedarán más expuestos a retrasos e incluso a la imposibilidad de llegar a sus destinos y eventuales sanciones.
En este contexto vuelve a producirse una paradoja que no entra en la cabeza de los gremios: la falta de colectivos profundiza desigualdades y afecta a los trabajadores con salarios menores a los de choferes de colectivos, sin sindicato, ni convenios ni nada cercano a la ley.
Son quienes van a tener más razón en sus saludos a las madres de funcionarios, empresarios y gremialistas si este día caótico se concreta mañana.