Fallo clave sobre tierras en disputa
¡Afuera!: la Corte ordenó el desalojo de los “maputruchos” en Mendoza
Con este fallo, la Corte marca un límite a los reclamos territoriales sin fundamentos históricos ni jurídicos.
En el marco de una disputa territorial en la provincia de Mendoza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre uno de los casos más controvertidos de los últimos años: la ocupación de tierras por parte de la supuesta comunidad mapuche Lof El Sosneado. El fallo final del máximo tribunal del país reavivó el debate sobre los derechos indígenas, la legitimidad de las ocupaciones y la defensa de la propiedad privada.
La Corte Suprema confirmó el desalojo de la Comunidad Mapuche Lof El Sosneado al rechazar los recursos extraordinarios presentados por ambas partes contra el fallo de la justicia civil de Mendoza. El conflicto gira en torno a unas 3.500 hectáreas ubicadas en San Rafael, conocidas como Estancia El Sosneado o Arroyo Blanco.
El gobernador Alfredo Cornejo celebró la resolución judicial, calificándola como un respaldo a los legítimos propietarios y como el cierre de un capítulo que definió como una "ocupación sin sentido", promovida durante el gobierno de Alberto Fernández. Según Cornejo, no existen pruebas de que la comunidad tenga raíces ni posesión ancestral sobre esas tierras.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto también festejó el fallo y recordó que, en febrero de 2023, junto a Cornejo, denunció penalmente al Ejecutivo anterior por la entrega ilegal de tierras en San Rafael y Malargüe. Subrayó, además, que el fallo de la Corte pone fin a una “locura jurídica” y reafirma los derechos de la provincia sobre su territorio. Según Pichetto, aún quedan 1.800 reclamos similares pendientes de resolución.
El fallo de la Corte Suprema marca un precedente clave en la conflictiva relación entre el Estado, las provincias y las comunidades que reclaman derechos sobre tierras. Si bien revalida la necesidad de proteger a las comunidades originarias auténticas, también plantea un límite frente a ocupaciones sin sustento histórico o legal comprobado.