Acorralan a Gildo Insfrán por abusos en Formosa

En el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Sabrina Ajmechet, se llevó a cabo una audiencia pública que encendió las alarmas sobre la situación en Formosa. Entre las voces que se hicieron escuchar, se destacaron las denuncias por persecución política, represión estatal, hacinamiento extremo y crímenes encubiertos bajo la larga gestión de Gildo Insfrán, gobernador desde 1995.

La diputada Karina Banfi fue una de las primeras en tomar la palabra, advirtiendo la ausencia del bloque de Unión por la Patria y remarcando la gravedad de las denuncias que se iban a escuchar. 

Uno de los testimonios más contundentes fue el del abogado Armando Aquino Britos, quien afirmó que “la violación a los derechos humanos comienza con la violación de los derechos políticos”. En un discurso firme, apuntó contra la reelección indefinida de Insfrán, a la que calificó como una deformación institucional que impide el normal funcionamiento de la democracia.

La exposición de Teresa Pereyra, vecina de los barrios 110 y 111, ofreció una mirada descarnada de la pobreza estructural y la precariedad en la que viven cientos de formoseños. “Vivo en un módulo otorgado a comodato, donde estamos hacinados. Allí hubo abusos a menores, enfermedades, y todo tipo de tropelías. El agua contaminada me provocó rectitis ulcerosa, una enfermedad crónica para la que no consigo medicamentos”, relató. También contó que su hermano, postrado por una enfermedad, no puede recibir asistencia médica porque no llega una ambulancia a la zona. “No soy dueña de esa casa, me la presta Gildo”, concluyó con crudeza, y pidió la intervención urgente del Estado nacional: “Los formoseños tienen miedo de hablar”.

El testimonio más dramático fue el de Gladis Villa, madre de Federico Romero, un oficial de narcóticos asesinado en circunstancias sospechosas. “La versión oficial dice que se ahogó, pero su ropa estaba ensangrentada. Lo torturaron, lo lastimaron y lo arrojaron al agua para simular un ahogamiento”, denunció. Romero habría sido testigo de un crimen que involucraba a un pariente de un funcionario cercano a Insfrán. “La causa está encajonada. Hay otros policías asesinados que se encubren como suicidios”, agregó.

Por otra parte, el abogado, periodista y dirigente político Gabriel Hernández narró cómo fue víctima directa de la persecución estatal por defender la libertad de expresión. “Fui preso por dejar que otros hablen y denuncien. En Formosa no hay justicia independiente. La provincia está aislada”, expresó.

Los testimonios pintaron un panorama alarmante que exige respuestas urgentes. Mientras desde sectores del peronismo se minimiza la situación, los reclamos por libertad, justicia y acceso a derechos básicos en Formosa siguen creciendo. La audiencia no solo dio voz a los que sufren, sino que puso en evidencia el silencio cómplice que persiste en buena parte del arco político y de los medios nacionales.